La Nueva Ley de Tasas, ¿Es Injusta la Justicia? (1/3)

Antes de entrar de lleno en la cuestión, indicaré que es mi intención que estas líneas nos sirvan para centrar la polémica tras la reciente entrada en vigor de la ley de tasas judiciales y, a la vez, para conocer a grandes rasgos el contenido más relevante de la misma.

Autor: Daniel
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  • 24 septiembre, 2013

Antes de entrar de lleno en la cuestión, indicaré que es mi intención que estas líneas nos sirvan para centrar la polémica tras la reciente entrada en vigor de la ley de tasas judiciales y, a la vez, para conocer a grandes rasgos el contenido más relevante de la misma.

Pues bien, sin más preámbulos, os diré que éste es el dilema en el que la sociedad española se encuentra tras la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre modificada por el Real Decreto-Ley de 22 de Febrero de 2013.

Una lluvia de críticas y un enfado generalizado es lo que consiguió el Gobierno con esta nueva ley sin duda el rechazo fue unánime desde asociaciones de jueces y fiscales, Consejo General del Poder Judicial, Colegios Profesionales, asociaciones de consumidores, los ciudadanos ,

Brevemente me gustaría recordar que fue en 1986 con el Gobierno del PSOE cuando se anuló el sistema de aranceles combinado con unos ingresos presupuestarios desfallecientes que provenía del franquismo, y la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre de Medidas de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado la que reintrodujo las tasas judiciales en los órdenes civil y contencioso-administrativo de una manera tímida ya que sólo afectaba a grandes empresas (facturación de 10 millones de euros) y con cuantías moderadas. Por tanto, a partir de 2003 se produjo la abolición de la gratuidad de la justicia implantada desde 1986.

A continuación vamos a comentar el contenido de la reciente Ley 10/2012, de 20 de Noviembre destacando los aspectos que me parecen más relevantes:

* Cuál es su Objetivo?

En realidad tiene dos objetivos, por una parte, recaudar fondos para sufragar la justicia gratuita y, por otra, agilizar el trabajo de los jueces que, como todos sabemos, se ven desbordados por los miles de casos que llegan a los juzgados.

* Y el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la justicia?

En este aspecto, la clave se encuentra en asegurar que esta ley persiga una finalidad legítima mediante medidas adecuadas y proporcionadas. Es verdad que las tasas persiguen fines lícitos, ya que ayudan a financiar el servicio público de la Administración de Justicia por quienes más se benefician de ella, y disminuyen por tanto, la financiación procedente de los impuestos, a cargo de todos los ciudadanos.

La justicia no es gratis, nuestra Constitución proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma que el legislador determine son pues las Cortes Generales quienes definen el alcance de la gratuidad, eso sí otorgando el derecho a la justicia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En definitiva, lo que los poderes públicos pretenden es racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Este derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la justicia conlleva un límite cuantitativo: la tasa no debe ser tan elevada que impida en la práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculicen en términos irrazonables. Y es aquí donde con la nueva ley empiezan a surgir las dudas sobre la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Próximo Post hablaremos de en qué procesos hay que pagar las tasas, quiénes son los sujetos pasivos, cuándo se devuelven y de la cuantía de las mismas.

Isabel Cuenca Pérez

Responsable Servicios Jurídicos